"... Lo anterior, permite deducir que el citado Acuerdo Gubernativo, al superar una ley ordinaria, atenta contra el principio fundamental de jerarquía normativa, establecido principalmente en el artículo 183, literal e), de la Constitución Política de la República, ya que este precepto establece categóricamente que los acuerdos, reglamentos y ordenes que emita el Presidente de la República, no pueden alterar el espíritu de las leyes que desarrollan.
En este caso, ese Acuerdo, no obstante que no es el que desarrolla la Ley de Minería, incursiona en ese campo, incrementando requisitos y otorgando facultades, que ya se encontraban determinadas en la ley, por lo que se advierte, sin lugar a dudas, que este al alterar el espíritu de disposiciones de jerarquía superior, adolece del vicio de inconstitucionalidad; en consecuencia, de conformidad con el artículo 175 constitucional, que establece que ninguna ley puede contrariar normas de la Constitución, pues son nulas ipso jure, se concluye que es procedente declarar la inaplicabilidad del Acuerdo Gubernativo 134-2005, al caso concreto, por contravenir la Constitución Política de la República de Guatemala..."